19 abril 2010 1 19 /04 /abril /2010 14:41

 

 

 

  Escrito por:

Luisa Cocco Suárez

Jennifer Goicochea

 

El Proceso Penal del Sistema de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes Ley 136-03

Introducción

En la República Dominicana, la Ley No. 14-94 de fecha 22 de abril de 1994 junto a su Reglamento de Aplicación No. 59-95 y la Ley 24-97 de fecha 27 de enero de 1997 formaban en conjunto el régimen legal protector y regulador de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de los procedimientos relativos a la adopción de menores, la jurisdicción de menores y los organismos competentes en la materia debido a que el Estado Dominicano había ratificado en 1991 la Convención de los Derechos del Niño aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Los antes referidos regímenes constituyeron un hito en su momento, pues recopilaban en sendos cuerpos legales disposiciones dispersas o situaciones que aún no se encontraban reguladas hasta el momento.

Sin embargo, el 7 de agosto de 2003 se promulga la Ley No.136-03 para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (en lo adelante" el Código") la cual deroga las disposiciones de la anterior Ley No.14-94, garantizando así, a la luz de la Constitución de la República Dominicana y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, una legislación más acorde a la necesidad de salvaguardar el ejercicio y el disfrute pleno de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional.

A la luz de esta nueva Ley, destacándose primordialmente el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, se crea el Sistema Nacional de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (en lo adelante "El Sistema"), además de que se sustituye el Organismo Rector por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) como la entidad máxima de dirección del Sistema, entre otros cambios que serán analizados a continuación. Es importante destacar que este texto legal se aplicará a más del cuarenta por ciento (40%) de la población dominicana la cual se encuentra por debajo de los dieciocho (18) años de edad, según fuentes estadística.

El objeto

El Código tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales, para lo cual se define y establece la protección integral de tales derechos, regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos, desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad.

Principios y alcance de la ley.

Para fines del Código, se entiende como niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los doce años (12), inclusive; y adolescente, a toda persona desde los trece (13) años hasta alcanzar la mayoría de edad, es decir dieciocho (18) años.

El mismo se rige por diversos principios, entre los cuales, se encuentran:

1. Presunción de minoridad

2. Igualdad y no-discriminación

3. Interés superior del niño, niña y adolescente

4. Prioridad absoluta

5. Gratuidad de las actuaciones

Garantías y derechos fundamentales.

El Código reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, en consecuencia, gozan de todos los derechos fundamentales consagrados a favor de las personas, particularmente aquellos que les corresponden en su condición de persona en desarrollo consagrados tanto en el Código, la Constitución de la República y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros; derechos estos que son de orden público, intransigibles, irrenunciables e interdependientes entre sí.

Los derechos fundamentales consagrados a favor de los niños, niñas y adolescentes son, entre otros: Derecho a la vida; Derecho al nombre y a la nacionalidad; Derecho a ser inscrito en el Registro Civil; Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, y por otro lado, con los abuelos; Derecho a la integridad personal; Derecho a que sea denunciado el abuso en su contra; y, Derecho a opinar y ser escuchado.

En relación con el Derecho a la Diversión, se establece lo siguiente: Prohibición de venta de ciertos artículos como armas, bebidas, alcohólicas y tabaco entre otras, a menores de edad; Prohibición de la entrada de menores a establecimientos comerciales donde se consuman bebidas alcohólicas, casas de juegos y de apuestas; Prohibición de comercialización, prostitución y pornografía de menores, entre otras; definiendo como prostitución de niños, niñas y adolescentes, la utilización de cualquiera de estos en actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier otra retribución; Prohibición de hospedaje y visita en hoteles, moteles o cualquier establecimiento del ramo, cuando no esté acompañados por sus padres o responsables.

Por su parte, en lo concerniente al Derecho a la Educación cabe destacar que este Código define ciertas responsabilidades de los directores de centros educativos, así como disposiciones relativas a la disciplina escolar, lo que constituye innovaciones importantes en nuestro sistema legal; a saber:

• El director de una escuela,

 

colegio, centro o cualquier entidad educativa después de dos (2) ausencias a un centro educativo de un niño, niña o adolescente tiene la obligación de dirigirse a los padres, madres o responsables para determinar las causas de las ausencias; y, si estos no responden, de apoderar al CONANI para que adopte las medidas pertinentes;

• Por su parte, la disciplina escolar debe ser administrada

 

conforme a los derechos, garantías y deberes de los niños y adolescentes establecidos en el Código, tomando en consideración los siguientes principios:

- Antes de imponer cualquier sanción debe garantizarse el ejercicio del derecho a opinar y a la defensa;

- Se prohíbe toda sanción corporal o económica y todo tipo de corrección que pueda ser considerado una amenaza o violación de sus derechos;

- Se prohíbe la expulsión, retiro, sanción o cualquier trato discriminatorio por causa de embarazo de una niña o adolescente;

- La falta de pago de cuotas por los servicios educativos no podrá ser causa para sancionarlos en cualquier forma; en caso de que sea necesario suspender los servicios por esta causa, solamente podrá hacerse al final del período escolar correspondiente, garantizando así que no se interrumpa la educación de los sujetos;

Organismos que integran el sistema nacional

De protección

El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños,

Niñas y Adolescentes, está constituido por las siguientes entidades cuya finalidad es garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y la promoción de su desarrollo integral mediante coordinación de políticas y acciones; a saber:

1. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI):

Está integrado a su vez por:

A) Directorio del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Directorio): Constituye la máxima autoridad de decisión del mismo, de naturaleza intersectorial, plural, deliberativa, consultiva y supervisora, integrado por instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

B) Oficina Nacional

C) Directorios Municipales

D) Oficinas Municipales

E) Oficinas Técnicas Regionales

2. Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal

3. Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos

4. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes

5. Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes

Jurisdicción de niños, niñas y adolescentes

La jurisdicción de niños, niñas y adolescentes está integrada por los Tribunales de niños, niñas y adolescentes; las Cortes de Apelación de niños, niñas y adolescentes; la Suprema Corte de Justicia y Tribunales de Ejecución de la Sanción. Habrá por lo menos un Tribunal en cada municipio.

Los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como las Cortes de Apelación se dividen en salas civiles y en salas penales. Estos tribunales tendrán a su cargo los procesos judiciales en materia penal en asuntos de familia y protección, referente a niños, niñas y adolescentes; así la sala de lo civil es competente para conocer y decidir, entre otros, sobre:

a) Las demandas sobre reclamación y denegación de filiación de los hijos y acciones relativas;

b) Las demandas en rectificación de actas del estado civil;

c) Demandas relativas a la autoridad parental de cualquiera de los padres, así como su suspensión temporal o terminación;

d) Adopciones;

e) Demandas de guarda, colocación familiar y regulación sobre régimen de visitas;

f) Homologación de sentencias dictadas en tribunales extranjeros en materia de filiación, guarda, régimen de visitas, alimentos, adopción y demás asuntos del derecho de familia;

g) Convocar, conocer y conformar el Consejo de familia;

h) Declaración de estado de abandono de los niños, niñas y adolescentes;

Acciones en reclamación o reparación de daños y perjuicios ocasionados por niños, niñas o adolescentes El Tribunal competente de Niños, Niñas y Adolescentes en atribuciones civiles lo será el del Distrito Judicial donde tiene su domicilio el niño, niña o adolescente; correspondiente al de la persona que detenta la guarda, sea por mandato de la ley o por decisión judicial.

Tema Central:

El Proceso Penal De La Persona Adolescente

La justicia penal de la persona adolescente busca determinar tanto la comisión del acto infraccional como la responsabilidad penal de la persona adolescente por los hechos punibles violatorios a la ley penal vigente. Una vez establecida la responsabilidad penal, se persigue aplicar la medida socioeducativa o la sanción correspondiente y promover la educación, atención integral e inserción de la persona adolescente en la familia y en la sociedad.

La competencia territorial de la sala penal la determinará el lugar de la ocurrencia del acto infraccional. Para los fines de la aplicación de medidas cautelares y sanciones, la justicia penal de la persona adolescente establece la siguiente escala de edades:

a) De 13 a 15 años, inclusive;

b) De 16 años hasta alcanzar la mayoría de edad.

En ningún caso, los menores de trece (13) años de edad son responsables penalmente, por lo que no pueden ser detenidos, ni privados de su libertad ni sancionados por autoridad alguna.

Estarán sujetas a la justicia penal de la persona adolescente, todas las personas que al momento de cometer la infracción penal sean adolescentes, es decir, a partir de los trece (13) años cumplidos y hasta el día en que cumpla los dieciocho (18) años, inclusive; sin perjuicio de que en el transcurso del proceso cumpla la mayoría de edad.

Por otro lado, se prohíbe la extradición de las personas adolescentes cuando hayan cometido infracción a la ley penal de otro país y fueren solicitados en extradición.

Garantías Procesales de la persona adolescente:

• Principio de Justicia Especializada

• Principio del Respeto del Procedimiento Especial

• Principio de Legalidad y Lesividad

• Principio de Confidencialidad

• Principio d

 

e Contradictoriedad del Proceso

• Principio de Participación

• Principio de la Privación de Libertad en un Centro Especializado

Proceso penal de la persona adolescente

Se considera acto infraccional cometido por una persona adolescente, la conducta tipificada como crimen, delito o contravención en las leyes penales.

Cuando sea necesario comprobar la edad e identidad de la persona adolescente imputada, en caso de ausencia del acta de nacimiento emitida por la Oficialía del Estado Civil, no se alterará el curso del procedimiento pudiendo corregirse los errores en cualquier momento, aún durante la etapa de ejecución de las sanciones.

Medidas cautelares

Las medidas cautelares se pueden aplicar a solicitud debidamente fundamentada del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, en los casos que sea necesario mediante solicitud al juez; la finalidad de las mismas es garantizar la presencia de la persona adolescente imputada en el proceso de investigación hasta la etapa del juicio.

Algunas de las medidas cautelares contempladas en el Código son:

a) Cambio de residencia;

b) la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o ante la autoridad que éste designe;

d) la prohibición de salir del país, de la localidad o ámbito territorial;

e) la privación provisional de libertad en un centro oficial especializado para esos fines; la cual constituye una medida excepcional cuyo plazo nunca excederá de treinta (30) días.

Al aplicar estas medidas, el juez podrá disponer la permanencia del imputado en su hogar familiar, salvo los casos de peligro físico o moral, de inhabilidad de sus padres o su imposibilidad para darles la formación adecuada.

La investigación

La investigación puede iniciarse de oficio, por denuncia o por querella presentada ante el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes con la finalidad de determinar la existencia de losción de Principios Código Procesal Penal hechos violatorios a la Ley Penal así como identificación de la persona imputada, el grado de su participación y la verificación del daño causado; corresponde al Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes llevarla a cabo.

La investigación debe terminar en el término de treinta (30) días contados a partir del momento en que se priva de su libertad a la persona adolescente, pudiendo solicitar el

Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, que el juez conceda una prórroga por un plazo no mayor de quince (15) días.

En ningún caso, la duración de la investigación podrá ser mayor de seis (6) meses, prorrogables por el juez por tres meses más; y la duración del proceso no puede ser mayor de un año, prorrogable por seis meses más, siempre que el imputado no se encontrare privado de su libertad, en cuyo caso, regirán las disposiciones antes esbozadas.

Contenido de la acusación

La acusación que formule el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes debe contener, entre otras, las siguientes menciones:

a) Datos que permitan identificar plenamente a la persona adolescente imputada;

b) Edad y domicilio de la persona adolescente imputada si se conoce y en caso de contestación de la minoridad, deberá anexarse la prueba documentada o experticios médicos que avalen su pretensión;

c) Datos de su defensor técnico;

d) La relación clara y precisa de las circunstancias que agravan, atenúan o modifican la responsabilidad penal de la persona adolescente imputada.

El juicio de fondo

A pena de nulidad, la audiencia debe ser oral, privada y contradictoria y su publicidad limitada a la parte del proceso; deben estar presentes la persona adolescente imputada, su defensor técnico, los padres o representantes legales, el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, los testigos, peritos o intérpretes si fuere necesario; además, la persona agraviada o su representante y otras personas que el juez estime conveniente.

Una vez se comprueba que la persona adolescente comprende los cargos, y verificada su identidad se le indicará que puede declarar o abstenerse de hacerlo sin que el silencio implique presunción de culpabilidad.

La sentencia se considera notificada con la lectura integral de la misma, la que se lleva a cabo en el plazo máximo de diez (10) días hábiles subsiguientes a la lectura del dispositivo. Las partes reciben copia de la sentencia completa

 

.

Las sanciones en esta materia tienen la finalidad de educar, rehabilitar e insertar en la sociedad a las personas adolescentes en conflicto con la ley penal. El juez podrá imponer a la persona adolescente en forma simultánea, sucesiva o alternativa, garantizando la proporcionalidad los tipos de sanciones que impone el Código; a saber:

·

 

Sanciones socio-educativas

·

 

Ordenes de orientación y supervisión

·

 

Sanciones Privativas de Libertad

·

 

Reparación de Daños

De los Recursos.

En este sentido, las partes podrán recurrir las sentencias del tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes los recursos de oposición, apelación, casación y revisión. Si el recurrente es la personal adolescente, las sentencias no podrán ser modificadas en su perjuicio; las mismas son ejecutorias no obstante cualquier recurso; en lo que respecta a las indemnizaciones civiles que de manera accesoria imponga la sala penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, sólo será ejecutoria, no obstante cualquier recurso, si a solicitud de partes el juez lo ordena:

1. Recurso de Oposición: Procede solo contra las decisiones que resuelvan un trámite o incidente del procedimiento.

2. Recurso de Apelación: Podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto; es decir, el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, el querellante, la persona agraviada constituida en parte civil o su representante legal, la persona adolescente imputada por sí o a través de su defensa técnica, o de sus padres o responsables.

3. Recurso de Casación: procede en los casos y conforme el procedimiento y formalidades establecidas en el derecho común. La Suprema Corte de Justicia es el tribunal competente para conocer de este recurso.

4. Recurso de Revisión: Podrá ser interpuesto por el Ministerio Público, la persona adolescente imputada a través de su abogado, sus padres o responsables.

5. Acción del Habéas Corpus: Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad, ante la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes y a una rápida decisión sobre dicha acción conforme a la Constitución de la República y al procedimiento dispuesto por la ley No.5353, de fecha 22 de octubre de 1914, sobre Hábeas

Corpus y sus modificaciones, y el Código Procesal Penal.

6. Recurso de Amparo: Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a interponer un recurso de amparo, cada vez que se sienta lesionado en el ejercicio de un derecho consagrado y protegido por la Constitución, tratados internacionales y este Código, a cuyos fines procederá conforme a los plazos y procedimientos establecidos para dicho recurso en el derecho común.

Según nuestro Código Penal Dominicano el Adolescente esta contemplado desde los

Artículos 66, 67, 68 y 69

Art. 66

 

Cuando el acusado sea menor de 18 años, y se considere que ha obrado sin discernimiento, será absuelto; sin embargo. Atendidas las circunstancias , serán entregados a sus padres o conducido a una casa de corrección, para que en ella permanezca detenido y se le eduque, durante el tiempo que se determine por la sentencia y que no podrá exceder de la época en que se cumpla la mayor edad.

Art. 67

 

Si el tribunal considera que ha obrado con discernimiento, las penas se pronunciaran del modo siguiente: si ha incurrido en la pena de 30 años de trabajos públicos o en la de trabajos públicos, se le condenara a prisión, que sufrirá en una casa de corrección durante 20 años a lo as y 10 a lo menos. Si ha incurrido en las penas de detención reclusión, se le condenara a encierro en una casa de corrección, durante un tiempo igual a la tercera parte por lo menos y a mitad por lo mas de aquella a que hubiera podido ser condenado, si hubiera sido mayor. En todos estos casos, podrá ordenarse por la misma sentencia, que el condenado permanezca bajo la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo más. Si ha incurrido en la pena de degradación cívica se le condenara a encierro desde uno hasta cinco años en una casa de corrección.

Art. 68

 

Los tribunales correccionales conocerán, conformándose a las disposiciones de los dos artículos anteriores, de las causas que se formen contra los menores de 16 años, cuyos cómplices presentes no tuvieren mas edad que ellos siempre que los delitos de que estén acusados no tengan señalados por la ley, las penas de 30 años de trabajos públicos, de trabajos públicos o de detención.

Art. 69

 

En todos los casos en que el menor de 16 años no hubiere cometido sino un simple delito, la pena que contra el se pronunciara no podrá elevarse a mas de la mitad de aquella a que hubiera podido ser condenado si hubiera tenido 18 años.

Conclusiones

A través del tiempo nuestro llamado “Código del menor” Ley para la protección de los

 

Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes no. 136-03 modificada por la ley no. 52-07 ha ido evolucionando con la intención de crear las mejoras a las disposiciones legales que tanto reguarden el derecho del menor como de las victimas a los cuales el 1ero les causa un daño al 2do.

No obstante, nuestro sistema es vulnerable a la hora de aplicar sanciones tan moderadas como las socio-educativas y a la vez no es regulador con el seguimiento de los casos, siendo permisible de que nuestros jóvenes delinquen fácilmente. Es trabajo de los legisladores y quienes administran la justicia de que sea ponderado una modificación urgente a nuestro sistema, en lo que respecta a las sanciones disciplinarias de los adolescentes ya que, lo que esta ocurriendo últimamente son hechos castigables con penas mínimas y muy horrendos, donde las penas al ser tan mínimas nos devuelven a estos jóvenes a las calles a delinquir de nuevo.

Hace poco vimos como una banda de adolescentes fue arrestada en compañía de dos adultos en un crimen atroz, que lo calificaría de macabro y planificado, con lo que nos deja claro la vulnerabilidad que tiene la aplicación de las sanciones de nuestro Sistema de Protección. Apelo ante nuestros jueces a que sea revisado el mismo.

Bibliografía

w.w.w.suprema.gov.do.

Ley no. 136-03 y su modificación no. 52-07.

Código Penal Dominicano.

Opiniones diversas de juristas “Pellerano & Herrera Abogados”.

Opiniones inéditas de las sustentes.

 

 

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Published by PEDRO GALVEZ
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Comentarios

jennifer Goicoechea Barroso 22/09/2010


profesor pedro galevez necesito su ayuda urgente!!!! envieme su telefono por favor


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